Axi (Buenos Aires, 25 de agosto de 2026).- Un decreto de la provincia modificó la ley de creación de la empresa estatal Terra Ignis S.A. El gobernador Gustavo Melella amplió las facultades de la firma hacia las energías no renovables, contradiciendo el marco aprobado por la Legislatura.
La discrepancia entre la ley y el decreto
El origen del conflicto reside en la reglamentación de la Ley Provincial N° 1423, norma que dio nacimiento a la sociedad anónima estatal. Al sancionar este marco legal, los legisladores de la provincia limitaron de forma expresa el campo de acción de Terra Ignis S.A. al ámbito de las energías renovables. Sin embargo, mediante el Decreto N° 2037/23, el Poder Ejecutivo modificó el texto original e incorporó la generación térmica convencional, una decisión que excede los límites legales establecidos por el Parlamento.
El texto aprobado por la Legislatura
La norma sancionada en la Legislatura provincial definió con precisión los alcances de la nueva compañía pública. Tanto el Artículo 1° como el Artículo 3° detallaron que la sociedad debía orientarse exclusivamente a la generación, desarrollo y aprovechamiento de energías sustentables. Esta decisión buscaba que la empresa liderara la transición energética del territorio sin interferir en los servicios de provisión de electricidad que ya se encontraban activos y bajo la órbita de otros organismos locales especializados en la materia.
La ampliación de facultades por vía reglamentaria
A pesar de la delimitación legislativa, el decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella para aprobar el Estatuto Social amplió las funciones de la empresa. En el Anexo 1 del reglamento se facultó a la compañía a operar sobre fuentes renovables y no renovables de manera indistinta. Esta modificación técnica introdujo un vicio jurídico, ya que un decreto carece de la jerarquía necesaria para alterar de forma sustancial el objeto que los representantes legislativos de la provincia delimitaron mediante una ley provincial.
El impacto en las competencias de la DPE
La modificación reglamentaria coloca a la nueva firma estatal en competencia directa con la Dirección Provincial de Energía. La histórica DPE es el ente encargado de la generación térmica y la distribución en el territorio, un rol que ahora queda solapado por las funciones otorgadas a la nueva sociedad. La superposición de tareas genera incertidumbre regulatoria en un sector estratégico, ya que el traspaso de estas competencias no pasó por el debate parlamentario correspondiente.
La fragilidad jurídica derivada del Decreto N° 2037/23 abre un escenario complejo que demandará soluciones políticas en el corto plazo. Para subsanar esta irregularidad, el gobierno provincial deberá adecuar la reglamentación al espíritu original de la ley o bien enviar un nuevo proyecto de reforma a la Legislatura. El ordenamiento normativo resulta indispensable para garantizar la seguridad de las inversiones y el correcto funcionamiento del sistema de distribución eléctrica provincial.
