La política de desregulación aplicada sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) impulsó el incremento, que se trasladó tanto a las tarifas de hogares e industrias como a las partidas del Tesoro Nacional destinadas a subsidios.
Cuatro ejes que explicaron el aumento
El informe técnico de la fundación identifica cuatro medidas desregulatorias adoptadas por la Secretaría de Energía durante el último año como causantes del salto de costos. En primer lugar, el Estado dejó de fijar un precio de referencia único para el combustible de las centrales térmicas; ahora los generadores pueden declarar su Costo Variable de Producción cada 15 días y fijarlo hasta un 25% por encima del precio de referencia.
En segundo lugar, se modificó el esquema de remuneración para las represas del Comahue tras el vencimiento de sus concesiones, elevando los valores reconocidos. En tercer lugar, se incrementó el precio reconocido para la energía generada por Yacyretá. Finalmente, se cambió la modalidad de asignación y despacho de gas natural de Vaca Muerta destinado al sistema eléctrico.
Privatización hidroeléctrica y costos mínimos
El análisis de la entidad pone especial foco en el proceso de concesión de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.
Según el esquema de privatización, durante los primeros dos años el 95% de la energía generada por estos complejos debe venderse a un precio regulado de entre USD 15 y USD 20 por MWh, una cifra considerablemente superior al costo que implicaba dicha generación bajo la gestión estatal previa.
Este aumento en los costos de generación, que es la base para determinar el valor final de la tarifa y los aportes del Estado, generó una presión directa sobre los usuarios finales y sobre las cuentas públicas. La Fundación Encuentro advirtió que, sin una revisión de las medidas, el encarecimiento continuará afectando tanto a los hogares como a la competitividad industrial.
