Alcance de la suspensión y fundamentos
La iniciativa, impulsada por Alicia Kirchner, no elimina el impuesto a los combustibles ni modifica su estructura de manera permanente. Solo suspende el componente vinculado al Sistema Vial Integrado hasta que se utilicen los recursos ya recaudados. Según los fundamentos, entre comienzos de 2024 y mayo de 2026 ingresaron más de un billón y medio de pesos a ese sistema, pero apenas una cuarta parte se ejecutó. A mayo, más de un billón permanecía en títulos públicos, plazos fijos y disponibilidades bancarias.
Los legisladores sostienen que si ya se cobró dinero para rutas y todavía queda una suma importante sin utilizar, primero deberían gastarse esos recursos antes de seguir percibiendo nuevos fondos. Por eso, la suspensión funcionaría como una medida temporal hasta que el dinero acumulado se transforme efectivamente en obras. El argumento apunta a aliviar la carga tributaria que incide en el precio final de los combustibles.
Impacto en estaciones de servicio y consumidores
El proyecto no establece que la reducción deba trasladarse automáticamente al precio en el surtidor. Sin embargo, una menor carga tributaria podría abrir la puerta a una baja en el valor de las naftas y el gasoil. Para las estaciones de servicio, el punto de interés concreto es cómo se reflejaría esa medida en el cliente final, aunque dependerá de la decisión de petroleras y operadores de absorber o trasladar el cambio.
El costo de la nafta y el gasoil atraviesa al transporte, la producción, el comercio y los servicios, por lo que cualquier movimiento en la carga impositiva puede repercutir en buena parte de la economía. La discusión sobre el peso de los tributos por litro no es nueva: en 2014, la Ley 26.942 estableció alícuotas específicas y mantuvo un impuesto sobre el gasoil con destinos vinculados a infraestructura vial y transporte.
Condiciones para restablecer el impuesto
La iniciativa fija condiciones claras para volver a cobrar el componente completo. Los fondos acumulados deberían destinarse efectivamente a conservación, mantenimiento, reparación, rehabilitación y seguridad de la Red Vial Nacional. No alcanzaría con mantenerlos depositados o invertirlos financieramente: deberían convertirse en obras y servicios concretos. La Auditoría General de la Nación tendría que certificar esa aplicación antes de que se restablezca la percepción íntegra del tributo.
Además, el proyecto obliga a informar mensualmente cuánto dinero queda disponible, qué obras se financiaron, en qué rutas y provincias, y el avance de cada intervención. El beneficio, en caso de aprobarse, sería transitorio: una vez utilizados los recursos acumulados y certificada su aplicación, el impuesto volvería a cobrarse en su totalidad.
