Regalías: nueva base del 15% y competencia por proyecto
La ley actual fija una alícuota general del 12% sobre la producción, con posibilidad de reducirla hasta el 5% según productividad, condiciones y ubicación de los pozos. El proyecto toma otra referencia para futuras licitaciones: la regalía base será del 15%, aunque las empresas podrán ofertar porcentajes diferentes. La adjudicación no mirará solo ese número.
También pesarán la producción proyectada y, sobre todo, las inversiones comprometidas. La iniciativa busca pasar de un esquema rígido a una lógica de competencia por proyectos. Para Mendoza, eso permitiría capturar mejor el valor de las áreas con mayor potencial y ofrecer condiciones diferenciadas en campos que necesitan inversión para volver a producir.
Incentivos para campos maduros de la Cuenca Cuyana
La reforma incorpora herramientas para yacimientos convencionales maduros, uno de los principales problemas de la provincia. En esos campos el desafío no es descubrir nuevos recursos, sino sostener la producción, reactivar pozos inactivos y extender la vida útil de áreas que ya tienen infraestructura instalada. El Ejecutivo podrá aplicar reducciones de regalías en proyectos de recuperación de pozos.
Esas reducciones alcanzarían también exploraciones complementarias, producción de crudos pesados o métodos de recuperación mejorada. En casos fundados técnicamente, la alícuota podría ubicarse incluso por debajo del 5%. La estrategia sigue la línea que Mendoza viene mostrando en sus licitaciones, con un pliego modelo para agilizar la exploración y explotación de áreas petroleras.
Vaca Muerta en Malargüe y la figura del no convencional
El otro capítulo fuerte es el no convencional. La ley vigente fue sancionada antes de que Vaca Muerta cambiara el mapa energético argentino y no contemplaba de manera específica las concesiones de explotación no convencional. El proyecto incorpora esa figura y permite reconvertir concesiones de acuerdo con la legislación nacional. El cambio apunta a Malargüe, donde Mendoza busca acelerar su porción de la Cuenca Neuquina.
Para esos proyectos los plazos y las inversiones son distintos a los de los campos convencionales. Se trata de desarrollos de mayor escala, con curvas de producción, infraestructura y financiamiento que requieren contratos de largo plazo y mayor previsibilidad regulatoria. La reforma busca ordenar dos realidades dentro de la misma provincia: recuperar producción convencional y entrar con más fuerza al shale.
Más controles ambientales, tasa de fiscalización y coexistencia con la minería
El proyecto endurece las obligaciones ambientales durante todo el ciclo de la actividad. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos, restaurar ambientes afectados y asumir el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos. La salida de una compañía de un área no eliminará las obligaciones ambientales generadas durante su operación.
Entre las nuevas herramientas aparece una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. No podrá superar el 0,8% de las regalías y/o cánones de cada actividad. Las multas dejarán de expresarse en pesos y se calcularán con referencia al precio de la nafta súper, graduadas por daño, riesgo y reincidencia.
La reforma también define qué hacer cuando proyectos mineros e hidrocarburíferos se superponen en una misma zona. El principio general será procurar la coexistencia mediante coordinación técnica, ambiental y operativa. Si la compatibilización no fuera posible por seguridad, ambiente o aprovechamiento de recursos, el Poder Ejecutivo deberá resolver con intervención de las autoridades correspondientes y participación previa de los interesados.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, junto con Andrés Lombardi, presidente del cuerpo legislativo, y los directores Lucas Erio, de Hidrocarburos, y Bruno De Pasquale, de Legales. El objetivo oficial es adaptar el marco provincial a los cambios productivos, tecnológicos y normativos de las últimas dos décadas, incluida la Ley Bases.
