Reformas para proteger la industria nacional
Los bloques aliados exigían modificaciones para resguardar la producción local, y el Gobierno se mostró dispuesto a incluir una cláusula que circunscriba la compra nacional a bienes transables. El proyecto aprobado en Diputados establece que el plan de inversión deberá incluir un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado.
Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, solicitó hoy que ese porcentaje se aplique exclusivamente a bienes producidos en el país. “Proponemos reformular el artículo 17 para que el plan de proveedores se enfoque en bienes de producción nacional”, pidió Leal, quien defendió una economía abierta pero “de forma inteligente”.
Otro de los reclamos de los aliados apunta a los inversores “electrodependientes”, que deberán generar su propio sistema eléctrico para no generar presión sobre la demanda de energía en las provincias. Esta exigencia busca evitar que los nuevos proyectos afecten el suministro a la población local.
Señal a los radicales con otro proyecto de inversiones
En paralelo, el oficialismo busca acercar posiciones con los senadores radicales mediante el tratamiento de una iniciativa de Eduardo “Peteco” Vischi sobre promoción de inversiones relevantes. La propuesta fue analizada hoy en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economías Regionales, una hora antes del plenario del Super RIGI, y contó con respaldo oficial.
El proyecto de Vischi apunta a incentivar inversiones de medianas empresas vinculadas con el agro, la industria y los servicios, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa e incorporar tecnología. El régimen contempla proyectos productivos que superen los 12 millones de dólares durante sus primeros dos años de ejecución, en un gesto hacia el radicalismo para sumar respaldo.
Los beneficios del régimen de incentivos
El Super RIGI establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, con beneficios escalonados para las empresas adherentes. Entre las ventajas se incluye una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año y 20% en los dos siguientes, y certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
Además, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, los dividendos tributarán 7% (bajará al 3,5% tras cuatro años) y se exime de derechos de importación y exportación, con supresión de restricciones y cupos. La disponibilidad de divisas será progresiva: a los tres años, los inversores podrán acceder al 100% de los dólares exportados.
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones. Las modificaciones introducidas en el Senado obligarán a que el proyecto vuelva a ser girado a la Cámara baja para su revisión.
