La estrategia jurídica de la Casa Rosada
Funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo mantuvieron reuniones reservadas con representantes de la administración estadounidense. El objetivo central es que la Justicia de ese país abra una causa penal que ponga la lupa sobre la ingeniería financiera mediante la cual la familia Eskenazi ingresó, gestionó y posteriormente salió de la compañía estatal durante la gestión kirchnerista.
La maniobra busca construir un argumento definitivo para invalidar el reclamo civil en los tribunales neoyorquinos. El eje del reclamo es determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la operación original de adquisición accionaria. Una denuncia penal exitosa que pruebe un origen fraudulento en la compra del paquete accionario funcionaría como la pieza clave para congelar o anular de manera definitiva las demandas millonarias contra el país.
La jugada se produce en un escenario favorable para la defensa argentina, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara un fallo previo que obligaba a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones. Este antecedente judicial fortalece la posición argentina y da sustento a la nueva estrategia penal.
Apoyo institucional en Washington
La pretensión del Gobierno argentino encuentra antecedente favorable en la capital estadounidense. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya emitió un documento institucional en el que respaldó la solicitud de diversas organizaciones civiles argentinas para investigar presuntas irregularidades en la operación.
El diálogo reservado busca consolidar ese aval para convertir el antecedente administrativo en una causa penal formal que desarticule el frente judicial en Wall Street. La articulación bilateral es clave para avanzar en una investigación que podría tener implicancias profundas en el litigio internacional.
La Casa Rosada confía en que la querella penal, si prospera, cambiaría el equilibrio de fuerzas en los tribunales de Nueva York y evitaría un desembolso millonario para el Estado argentino. Sin embargo, el proceso es complejo y requiere de la cooperación plena del sistema judicial estadounidense.
