Axi (Buenos Aires, 16 de septiembre de 2026).- La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar y dispuso frenar perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y la extracción
La orden de Borruto establece que las compañías deberán abstenerse de "iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución" de Sea Lion, que en el expediente figura como "León Marino". La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina, el tendido de conductos y líneas de flujo, y la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga.
También comprende las obras terrestres o portuarias de apoyo, como ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos e infraestructura habitacional. La medida se mantendrá hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra cosa.
La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución
Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que "el riesgo no es hipotético ni remoto". Según la resolución, la documentación incorporada muestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución. Para llegar a esa conclusión consideró la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación.
La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. Lo que tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación. La demanda describe un desarrollo de 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas.
Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto
La medida intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion. Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos contratados; y los principales contratistas y subcontratistas.
La orden exige además información sobre la estructura societaria del proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados o comprometidos, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales y planes de contingencia. Las demandadas tendrán que preservar íntegramente la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion.
Comodoro Py impulsó una causa penal contra Desire Petroleum
En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. La causa había sido impulsada tras una denuncia de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria y sus autoridades. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum y del grupo Rockhopper, junto con información bancaria ligada a la explotación comercial.
