Axi (Buenos Aires, 7 de septiembre de 2026).- El Gobierno notificó a 180 empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas que deberán elegir entre continuar con esas actividades o arriesgarse a sanciones que limiten su acceso al mercado argentino, con Vaca Muerta como principal activo de negociación.
La decisión, enmarcada en la disputa por la soberanía, busca modificar el cálculo económico de las compañías a través de la aplicación de la Ley 26.659, reglamentada por el Decreto 868/2026.
El listado de empresas alcanzadas
Las 180 compañías notificadas incluyen a las operadoras de Sea Lion, como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y también a proveedores de servicios petroleros, financieras, aseguradoras y otros actores de la cadena de valor. Entre los potenciales sancionados figuran 45 sociedades y accionistas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.
El Gobierno no difundió la nómina completa, pero se sabe que el universo incluye a firmas con antecedentes en los desarrollos de las islas, como Falkland Oil and Gas, Borders & Southern Petroleum, Argos Resources y Premier Oil, entre otras.
El rol de la Cancillería y el RIGI
El canciller Pablo Quirno explicó la estrategia en la Convención del IAEF y sostuvo que, al sancionarse la Ley 26.659, Vaca Muerta no tenía la relevancia actual. La reglamentación designa a Cancillería como autoridad de aplicación y agiliza la detección de actividades no autorizadas. Además, quienes aspiren al RIGI deberán presentar una declaración jurada de no estar incumpliendo la legislación sobre la plataforma continental.
Este requisito convierte a la declaración jurada en un mecanismo clave para condicionar decisiones de inversión a gran escala.
La posición de SLB y el caso Bluewater
SLB, ex Schlumberger, anunció que no participará en proyectos petroleros en Malvinas, una decisión que evidencia el peso de Vaca Muerta en la estrategia. La firma, con fuerte presencia en la cuenca neuquina, trabaja con YPF y otras operadoras. En tanto, Bluewater Energy Services, proveedora del FPSO para Sea Lion, fabricó las monoboyas para la terminal de Punta Colorada, lo que muestra cómo una misma empresa puede tener intereses en ambos lados del conflicto.
La presión oficial busca que las multinacionales elijan entre el offshore en aguas disputadas y el acceso al negocio del shale argentino.
