El veto al blindaje invernal y el conflicto de poderes
La Legislatura provincial había aprobado una norma para impedir la interrupción de gas, electricidad y agua por falta de pago entre junio y septiembre. Pese al consenso político, Melella vetó la ley de forma definitiva, argumentando descalce financiero. La oposición evalúa insistir con dos tercios de los votos, lo que podría desatar un conflicto de poderes en la provincia.
El veto se conoció en medio de un escenario social complejo, con organizaciones sociales denunciando la falta de equidad. Mientras la provincia exporta recursos hidrocarburíferos, su población enfrenta costos inaccesibles para sobrevivir al invierno patagónico. La decisión del Ejecutivo provincial profundizó el malestar en Ushuaia y otras localidades.
La quita de subsidios al gas envasado y el acampe en Ushuaia
La gestión de Melella excluyó a más de 5.800 familias de la cobertura total de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en barrios populares sin red de gas natural. La medida provocó acampes de protesta con nieve y temperaturas bajo cero frente a la Gobernación. Los manifestantes reclaman la restitución de los beneficios y una solución de fondo para el acceso al gas.
El reordenamiento de padrones provinciales se justificó oficialmente como un ajuste de equidad, pero generó un fuerte rechazo social. Los hogares afectados, en su mayoría de sectores vulnerables, debieron afrontar el costo pleno del GLP, que pasó de $160 a $2.463 por kilo. La situación se volvió crítica para miles de familias que dependen de garrafas o tubos para cocinar y calefaccionarse.
El impacto tarifario y las facturas de hasta $600.000
Con la quita de beneficios provinciales y nacionales, las liquidaciones mensuales de gas se dispararon. Según estimaciones de organizaciones sociales, los montos oscilan entre $180.000 y $600.000, una cifra inaccesible para los sectores de menores ingresos. En la capital fueguina, el costo de vida ya es elevado, y esta suba agravó la crisis en los hogares más humildes.
El contraste con la actividad exportadora de la provincia es notorio. Mientras se negocian obras de infraestructura con financiamiento internacional, como la usina eléctrica en el Río Olivia con capital chino, los reclamos por la falta de equidad crecen. Las organizaciones sociales denuncian que una provincia productora de gas no puede asfixiar a su propia población con tarifas impagables.
El escenario político y social en Tierra del Fuego es de máxima tensión. La oposición busca revertir el veto, mientras los sectores afectados anuncian nuevas medidas de fuerza. La gestión de Melella deberá resolver el conflicto antes de que el invierno austral llegue a su punto más crítico, sin margen para más demoras.
