Exigencias para los proyectos
Los proyectos que aspiren a los beneficios del RIGI deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ellos y sus empresas vinculadas no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659. Esa legislación establece sanciones para las compañías que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental nacional.
La misma exigencia fue incorporada a los procedimientos para obtener permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos. Así, los controles se extienden a toda la cadena de actividades vinculadas a los recursos del subsuelo marino.
Rol de Cancillería
El decreto designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. De esta manera, Cancillería tendrá intervención en la verificación de antecedentes y podrá actuar ante eventuales incumplimientos del régimen relacionado con actividades en áreas bajo disputa de soberanía.
La medida busca reforzar la posición argentina en el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas, impidiendo que inversiones amparadas por el RIGI se vinculen con operaciones no autorizadas en la plataforma continental.
Fuentes oficiales indicaron que el control se aplicará de manera previa a la adhesión y durante toda la vigencia del proyecto. Las empresas que ya están en el RIGI también deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en los plazos que establezca la reglamentación.
