Intervención oficial y objetivos
La intervención fue anunciada por el Ministerio de Hidrocarburos y quedó formalizada mediante un decreto publicado en la gaceta oficial. El objetivo es obtener información fidedigna para elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la compañía, según indicaron las autoridades. La medida será implementada por una comisión integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, junto al viceministro de Transparencia.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que las medidas regulares adoptadas hasta ahora no dieron resultado. "Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria", declaró en conferencia de prensa. El funcionario atribuyó la escasez a "deficiencias logísticas en la importación y distribución" de YPFB.
Redefinición del rol de YPFB
Además de la intervención, el gobierno anticipó que buscará reducir el papel comercializador de YPFB. La petrolera estatal se encarga actualmente de la importación y distribución de combustibles en el mercado interno. La intención oficial es que la compañía vuelva a su "rol natural" de exploración, explotación y refinación, según explicó el ministro Blanco.
Ese cambio abriría espacio para una mayor participación de empresas privadas en la importación y distribución de carburantes. En la práctica, implicaría un giro en el modelo de gestión energética boliviano, que históricamente tuvo una fuerte centralidad estatal.
Contexto de escasez y medidas económicas
La escasez de combustibles es el principal desafío del gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre de 2025 con la promesa de resolver el abastecimiento. Las filas en estaciones de servicio son habituales, y algunos conductores incluso duermen en sus vehículos para poder cargar. En diciembre, el gobierno eliminó los subsidios a los combustibles, una medida que presionaba sobre las reservas internacionales.
A pesar de la eliminación de subsidios, la crisis no cedió. Se sumaron denuncias por distribución de gasolina contaminada que habría dañado al menos 36.000 vehículos y acusaciones de contrabando. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que "la mitad del combustible" importado se desvía ilegalmente a otros países. Para desincentivar el contrabando, el gobierno duplicó el precio del diésel a u$s1,5 por litro.
Protestas y tensión social
Las medidas generaron malestar social. Desde la semana pasada se registran protestas intermitentes de campesinos y bloqueos en distintos puntos del país, incluido el departamento de Santa Cruz. En Cuatro Cañadas, los manifestantes cerraron el paso a vehículos con neumáticos y árboles derribados. Las protestas desafían el estado de excepción decretado en mayo para contener manifestaciones previas.
La intervención de YPFB es una respuesta de emergencia ante una crisis que combina escasez, denuncias de corrupción, tensión fiscal y protestas sociales. El resultado dependerá de la capacidad del gobierno para normalizar el abastecimiento y auditar la operación de la petrolera estatal.
