Alcance del proyecto de ley
La iniciativa busca actualizar la ley vigente para incluir no solo los biocombustibles tradicionales, sino también los combustibles sostenibles de aviación y los renovables para el transporte marítimo. El proyecto contempla un esquema de promoción que permita atraer inversiones privadas en un sector con alto potencial de crecimiento.
El nuevo marco regulatorio apunta a dar certeza jurídica a las empresas que ya operan en el país y a las que planean ingresar. Entre los puntos centrales se encuentran los porcentajes de corte obligatorio y los mecanismos de fijación de precios, aspectos que resultaron claves en las negociaciones parlamentarias.
Inversiones proyectadas por las grandes empresas
Según las estimaciones del sector, el mercado de combustibles sostenibles podría movilizar inversiones por USD 40.000 millones en los próximos años. Las compañías energéticas y petroleras locales ya manifestaron su interés en participar, aunque condicionaron sus desembolsos a la aprobación de una ley estable.
Entre los proyectos en carpeta se destacan plantas de producción de SAF a partir de materias primas como aceites vegetales, residuos agroindustriales y grasas animales. Para el transporte marítimo, se evalúan alternativas como el metanol verde y el amoníaco renovable, que requieren desarrollos tecnológicos y de infraestructura específicos.
Contexto internacional y demanda creciente
El impulso a estos combustibles responde a las metas de descarbonización asumidas por la industria aérea y naviera a nivel global. La Unión Europea y otros mercados ya establecieron obligaciones de uso de SAF, lo que abre oportunidades de exportación para los productores argentinos.
Sin embargo, el desarrollo local enfrenta desafíos como la disponibilidad de materias primas y la necesidad de adaptar los procesos productivos. El debate en el Congreso continuará con la participación de especialistas y representantes del sector privado.
La aprobación de la ley sería un paso clave para posicionar a la Argentina en la producción de combustibles de bajo impacto ambiental, aunque el calendario legislativo aún es incierto.
