El espíritu del Artículo 25: la barrera que levantó la Ley 26.522
Sancionada en 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522 incluyó en su Artículo 25 (inciso d) una restricción de fondo: prohibía de forma taxativa que las empresas concesionarias o prestadoras de servicios públicos fueran titulares de licencias de radio o televisión abierta. El fundamento técnico de la norma buscaba prevenir un conflicto de intereses estructural, como la presión tarifaria y la pauta cruzada.
Bajo aquel marco normativo, la coexistencia de la red de medios del Grupo América (América TV, A24, Radio La Red, El Cronista) con el control operativo de una distribuidora eléctrica como Edenor (2,5 millones de clientes) o una gasífera como MetroGAS (2,4 millones de usuarios) habría resultado jurídicamente incompatible.
De Telefónica a Clarín-Telecom: el historial de las batallas corporativas
La tensión entre servicios esenciales e industrias de contenidos no nació con el consorcio Vila-Manzano. Durante años, la presencia de Telefónica como licenciataria del servicio público de telefonía fija y, en paralelo, dueña de Telefe (Canal 11) fue el blanco principal de los cuestionamientos bajo el Artículo 25. La incompatibilidad terminó forzando la venta de la señal a Viacom en 2016.
En 2014, durante el debate por la ley Argentina Digital, el Grupo Clarín denunciaba que la habilitación para que las telcos presten servicios audiovisuales generaba una competencia desleal. Con la desregulación vía Decreto N.º 267/2015, el escenario dio un vuelco decisivo: Clarín absorbió Telecom Argentina, consolidando la mayor integración del mercado nacional.
La nueva frontera de Manzano-Vila-Filiberti: de las TICs a la infraestructura pesada
El modelo de negocio impulsado por Vila, Manzano y Filiberti da un paso más allá al ingresar directamente en los servicios domiciliarios de infraestructura pesada. Controlan la energía eléctrica del norte del AMBA mediante Edenor, la distribución de gas natural con MetroGAS, y retienen la penetración mediática del Grupo América.
El tercer socio, Mauricio Filiberti, suma el control de Transclor, firma que posee virtualmente el monopolio del suministro de cloro para la potabilización del agua. Esta posición ubica al consorcio en una situación de ventaja ante la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuya Base de Activos Regulatorios inicial fue fijada en $790.000 millones.
El debate de fondo: la vacante regulatoria
El desmantelamiento de los límites a la propiedad cruzada traslada la discusión al plano del poder de agenda y la negociación tarifaria. Quienes hoy sientan a sus equipos técnicos a discutir el Valor Agregado de Distribución o los cuadros tarifarios ante entes reguladores como el ENRE, el ENARGAS o el ERAS, son los mismos actores que conducen las salas de redacción y las pantallas periodísticas de mayor impacto.
En un contexto de libre mercado y privatizaciones masivas, la acumulación de servicios esenciales y medios en un mismo consorcio vuelve a tensionar la capacidad del Estado para regular el interés público. La historia normativa argentina muestra que la convergencia no es un fenómeno nuevo, pero la escala actual plantea desafíos inéditos para la regulación.
