Axi (Buenos Aires, 19 de agosto de 2026).- La secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, recorrió junto a la titular del partido en la Ciudad, Pilar Ramírez, la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano. Durante la visita, conversaron con los dueños sobre la producción industrial y el empleo.
Diálogo con la familia Fontenla
Milei y Ramírez dialogaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre la producción industrial, la generación de empleo y los desafíos para invertir y crecer en la Ciudad, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Fontenla nació en 1948 como un pequeño comercio familiar y hoy es conducida por la segunda y tercera generación.
La fábrica integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura. La visita se enmarcó en la promoción de la ley que impulsa el partido en la Ciudad.
Ejes de la Ley de Libertad Comercial
Ramírez presentó los ejes de la Ley de Libertad Comercial, que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, una ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. “Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle”, afirmó Ramírez.
El proyecto establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales después de una alerta. En caso de que no responda dentro de ese período, la solicitud quedará aprobada automáticamente. Además, dispone que las actividades de bajo riesgo podrán comenzar a funcionar mediante una declaración jurada digital y la presentación de la documentación requerida, sin una inspección previa.
Plazos y controles
El Gobierno tendrá hasta 180 días para realizar la primera inspección y, si no la lleva adelante por una causa ajena al comerciante, la habilitación se volverá definitiva. La iniciativa también establece que el Estado deberá realizar todas las observaciones sobre la documentación de manera conjunta, precisa y fundamentada, con el objetivo de terminar con los pedidos fragmentados que demoran los expedientes.
Otro de los puntos contempla una ventanilla única digital para que todos los trámites vinculados con una actividad económica puedan realizarse desde una misma plataforma. A su vez, incorpora el principio de “una sola vez”, por el cual el Gobierno porteño no podrá volver a solicitar información o documentos que ya tenga en su poder.
Exclusiones y declaraciones
El proyecto plantea además el reconocimiento en la Ciudad de permisos, registros y certificaciones válidos de otras jurisdicciones, sin la necesidad de repetir controles equivalentes. Ante una falta menor que no implique un riesgo grave, el comerciante tendrá un plazo de 30 días para corregirla antes de una suspensión o clausura. También se prevé un catálogo digital que informará previamente todos los requisitos, plazos, tasas e inspecciones correspondientes a cada trámite.
Las farmacias, los establecimientos sanitarios, los locales bailables, los espectáculos masivos y las actividades peligrosas quedarán excluidos del esquema para actividades de bajo riesgo y mantendrán los controles y autorizaciones previas. “Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”, concluyó Ramírez.
