Alcance de la nueva normativa
El DNU publicado en el Boletín Oficial habilita a las entidades bancarias a utilizar hasta un tope del 15% de sus depósitos en dólares para otorgar financiamiento a personas jurídicas radicadas en el país. Quedan incluidas las empresas orientadas al mercado interno con ingresos en pesos, mientras que las personas humanas quedaron excluidas de manera taxativa.
La normativa original, establecida tras la crisis de 2001, restringía de forma estricta la concesión de préstamos en divisa estadounidense a quienes tuvieran ingresos directos o indirectos derivados del comercio exterior. La nueva disposición amplía el universo de potenciales tomadores, aunque las empresas deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a moneda nacional.
Respaldo oficial y expectativas
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el esquema busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento privado. "Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", señaló el funcionario, según consignó la agencia NA.
En el Palacio de Hacienda proyectan que la habilitación del esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Desde el equipo económico indicaron que la medida responde a la demanda de sectores industriales y comerciales que enfrentaban limitaciones para fondear proyectos a mediano y largo plazo ante los costos del financiamiento en moneda local.
Regulación macroprudencial del BCRA
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por el economista Santiago Bausili, estableció un conjunto de normas macroprudenciales para mitigar riesgos crediticios y de descalce cambiario. Las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar.
Además, los préstamos computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia. La autoridad monetaria obligará a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio, lo que agrega una capa adicional de control al nuevo esquema.
