Suspensión y restitución del régimen anterior
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego César Santilli y los ministros Alejandra Susana Monteoliva y Federico Adolfo Sturzenegger, deja sin efecto el Decreto 690/26 a partir de su dictado. Durante la suspensión, recuperan vigencia las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por esa norma, según establece el artículo 1°.
El nuevo decreto explica que la medida busca "mitigar la situación de crisis" generada por las protestas de los prestadores del servicio. El texto oficial detalla que en una reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional y representantes del sector se acordó someter al Ejecutivo una serie de propuestas, entre ellas la reactivación regular del servicio y la suspensión del decreto cuestionado.
Mesa de trabajo para un nuevo reglamento
El artículo 2° crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). También participarán representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje, con el objetivo de lograr consensos para definir un nuevo marco regulatorio.
La mesa deberá elaborar propuestas para mejorar la calidad regulatoria y garantizar la continuidad del servicio. Además, el artículo 3° instruye a las mismas autoridades a adoptar las acciones necesarias para atender la situación y asegurar el normal funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje.
Tarifas y contexto de las medidas de fuerza
En los considerandos se menciona que las partes acordaron también una reducción del 20% en las tarifas vigentes para el servicio, aunque el decreto no incorpora ese punto en su articulado. La medida se enmarca en el conflicto desatado por la entrada en vigencia del Decreto 690/26, que buscaba eliminar barreras y restricciones para nuevos prestadores.
El anterior reglamento data de la Ley 20.094 de Navegación, que establece que el practicaje es un servicio público regulado por la autoridad marítima. Con la suspensión, el Gobierno busca restablecer el marco jurídico anterior y abrir un espacio de diálogo para evitar nuevos conflictos.
