Axi (Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026).- El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) estimó que la nueva ley de biocombustibles, que obtuvo media sanción en el Senado, impulsará inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Un paso clave para el sector
El CAA celebró la aprobación de la iniciativa y la calificó como “un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina”. La entidad agrupa a la mayor parte de las cámaras agroindustriales del país y fue una de las principales impulsoras del nuevo marco regulatorio.
El proyecto establece un incremento gradual en los cortes obligatorios de mezcla: el bioetanol subirá al 15% en las naftas y el biodiésel al 10% en el gasoil. Según el CAA, esa previsibilidad normativa impulsará de manera directa a las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar, y fortalecerá el entramado productivo del interior del país.
Inversiones y empleo
Con la plena implementación de la ley, el CAA calcula inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares destinadas a ampliación de capacidad instalada, desarrollo tecnológico, infraestructura logística y generación de energías limpias. Las inversiones en carpeta corresponden todas al bioetanol, ya que en el caso del biodiésel existe capacidad instalada suficiente para atender las exigencias de la norma.
El organismo también destacó el impacto en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y el ahorro estratégico de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles. “Aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles y un precio competitivo para el consumidor”, señaló Gustavo Idígoras, presidente del CAA.
Acceso al RIGI y próximos pasos
Los proyectos de biocombustibles están habilitados para participar del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), siempre que requieran una inversión inicial mínima de 200 millones de dólares. La normativa permite inscribirse a empresas con actividades de generación, almacenamiento, transporte y/o distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, producción de otras energías bajas en carbono, bioenergía y captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono.
Idígoras subrayó que ahora la definición queda en manos de la Cámara de Diputados: “Queda ahora en manos de la Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”. El sector espera que la norma se convierta en ley antes de fin de año para que las inversiones comiencen a ejecutarse el año próximo.
