Axi (Buenos Aires, 20 de agosto de 2026).- Una auditoría del Tribunal de Cuentas de Chubut detectó que la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) desdobló dos contrataciones por un total de 744 millones de pesos para evitar una licitación pública. Los dictámenes 49/26 y 51/26, fechados el 12 de junio, observaron los concursos privados 03/26 y 04/26, ambos adjudicados a la Cooperativa de Trabajo Lara Limitada.
Desdoblamiento para eludir el límite legal
El Tribunal de Cuentas consideró “evidente” que la división de las contrataciones tuvo como finalidad no superar el límite de 435.074.894 pesos establecido para utilizar el mecanismo de concurso privado. Cada contrato fue fijado exactamente en 372 millones de pesos, y sumados alcanzaban los 744 millones, monto que obligaba a convocar a una licitación pública. El organismo de control señaló que, considerada globalmente, la operación debía haberse canalizado mediante ese procedimiento.
En el dictamen 49/26, los asesores indicaron que las diferencias planteadas entre los objetos y montos configuraban un fraccionamiento de la contratación. Por esa razón, el Tribunal resolvió observar los trámites y remarcó que no podía convalidar actos contrarios a los principios y disposiciones legales vigentes. Los expedientes corresponden a tareas de mantenimiento de calles y veredas, y a limpieza, desmalezamiento de espacios verdes, drenajes y zanjas.
Cooperativa Lara y sus vínculos políticos
La firma seleccionada en ambos concursos fue la Cooperativa de Trabajo Lara Limitada, con domicilio en Merlo, provincia de Buenos Aires. En el registro de proveedores del Poder Judicial de la Nación figura como integrante Matías Abinet, con “poder suficiente” y acta de administrador legitimado. Abinet fue identificado como segundo de Nicolás Trotta en los “Jóvenes K” y exfuncionario del ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.
La cooperativa incluye en su sitio web entre sus principales clientes a las municipalidades de Merlo y Quilmes, conducidas por Gustavo Menéndez y Mayra Mendoza, respectivamente. En 2021, este medio ya había puesto la lupa sobre Lara por su crecimiento como proveedora estatal, y en 2023 obtuvo trabajos de limpieza en el Senado de la Nación por 38.467.800 pesos. La firma continúa activa en procedimientos administrativos del Estado en 2026.
Responsabilidad de la gestión de Ignacio Torres
La APPCR está conducida por Digna Hernando, exministra de Producción designada por el gobernador Ignacio Torres mediante el decreto 1028 del 1 de agosto de 2024. Los dictámenes del Tribunal de Cuentas dejan bajo cuestionamiento dos procedimientos impulsados durante su conducción y obligan al gobierno provincial a explicar cómo se intentaron distribuir los 744 millones de pesos entre dos concursos privados prácticamente paralelos.
El caso adquiere un componente político porque la cooperativa beneficiada está vinculada al kirchnerismo, mientras que Torres construyó su identidad política enfrentando al peronismo. La paradoja es que una firma relacionada con los “Jóvenes K” fue seleccionada desde un organismo encabezado por una funcionaria de confianza del gobernador. La APPCR deberá informar el destino final de los trámites observados, mientras queda abierta la pregunta sobre qué hizo el puerto tras la advertencia del organismo de control.
