Alcance del decreto y acciones judiciales
El decreto, dictado en el marco de una auditoría sobre contrataciones heredadas en empresas provinciales, instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones legales correspondientes. El objetivo es obtener la nulidad del acuerdo y recuperar los fondos que se consideran pagados indebidamente. La decisión se enmarca en una política de revisión de la gestión anterior, que incluye otros contratos de Fomicruz.
La declaración de lesividad implica que el Estado considera que el contrato causa un perjuicio económico al patrimonio público. Este mecanismo legal permite impugnar actos administrativos que se apartan del interés general. La medida alcanza también a HMB Logística, la empresa contratista, que deberá responder ante la justicia provincial.
Contexto de la auditoría en Fomicruz
La medida surgió después de una revisión interna de los contratos firmados por Fomicruz, la empresa estatal dedicada a la promoción minera y energética. Las autoridades provinciales detectaron presuntas irregularidades en las condiciones pactadas con HMB Logística, lo que motivó el decreto. La auditoría abarca otras contrataciones realizadas durante la gestión anterior, según fuentes oficiales.
El gobierno provincial busca así transparentar el uso de los recursos estatales y corregir posibles desvíos. En paralelo, se espera que la Fiscalía de Estado presente la demanda en los próximos días. El expediente judicial determinará si el contrato se anula y si la empresa debe devolver los montos cuestionados.
Implicancias para la gestión provincial
La decisión de Vidal se suma a una serie de medidas para sanear las finanzas provinciales y optimizar el funcionamiento de las empresas estatales. La declaración de lesividad es un paso clave para recuperar fondos públicos y sentar un precedente en la revisión de contratos. Especialistas en derecho administrativo señalaron que este tipo de acciones son habituales cuando se detectan vicios de legalidad o precios excesivos.
Fomicruz, que tiene un rol central en el desarrollo minero y petrolero de Santa Cruz, deberá ajustar sus procedimientos de contratación. La empresa enfrenta ahora un proceso judicial que podría extenderse por varios meses. Mientras tanto, el gobierno provincial reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos.
