Axi (Buenos Aires, 3 de septiembre de 2026).- El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una acción preventiva de daño ambiental contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La demanda, radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, busca frenar la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
Los fundamentos de la demanda
La presentación, caratulada como “CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS LA PLATA (CECIM) Y OTRO C/ ROCKHOPPER EXPLORATION Y OTRO S/ CIVIL Y COMERCIAL – VARIOS”, sostiene que las empresas operan con concesiones ilegítimas otorgadas por el gobierno colonial británico. El escrito introduce el concepto de “tutela ambiental soberana”, que integra dos bienes jurídicos colectivos: el ambiente y la soberanía nacional. Según los demandantes, la explotación no autorizada constituye una modificación unilateral de la situación en Malvinas, en violación de la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.
El proyecto 'León Marino' y su impacto ambiental
El proyecto “León Marino”, que las empresas planean desarrollar, prevé 23 pozos, 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de gas, con una unidad flotante capaz de procesar 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos de gas. La demanda estima que la operación generaría 9 millones de toneladas de CO2 durante el desarrollo y más de 100 millones por la quema del petróleo extraído. Además, advierte sobre riesgos para mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico, la posible introducción de especies invasoras y derrames. La Corriente de Malvinas, que fluye hacia el norte, podría dispersar contaminantes a otras áreas del Mar Argentino, agravando el daño potencial.
Medidas cautelares y competencia del juzgado
Los demandantes solicitaron a la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, una medida cautelar innovativa que paralice las perforaciones, movimientos del lecho marino, oleoductos y otras obras vinculadas al proyecto. También pidieron impedir nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos y transferencias, y comunicar la decisión a organismos internacionales como la Financial Conduct Authority y la Bolsa de Londres, para que se identifique a los financistas del emprendimiento. La competencia del juzgado se fundamenta en las leyes 23.775, 26.552 y 24.400, que integran las islas Malvinas y sus espacios marítimos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
