Axi (Buenos Aires, 10 de septiembre de 2026).- Un proyecto de prospección minera de Amalaya S.A. en el paraje Aguas Calientes, en Villa Vil, norte del departamento Belén, dividió a las comunidades originarias de la zona, entre respaldos empresariales y denuncias por violencia y hostigamiento.
El respaldo de la empresa a las comunidades de Aguas Calientes
En un comunicado fechado el 8 de septiembre, la empresa minera Amalaya S.A. agradeció el respaldo de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, y de sus respectivos caciques, al trabajo de prospección que realiza en el paraje Aguas Calientes. El gesto expuso la fractura que atraviesa a las comunidades del norte del departamento Belén frente al avance de la actividad extractiva.
La denuncia de Peñas Negras y el pedido de intervención judicial
La comunidad de Peñas Negras sostiene un relato opuesto. El domingo 6 de septiembre, su representante legal, Andrea Morales Leanza, pidió la intervención de la Fiscalía Penal de Belén por hechos de violencia, amenazas y hostigamiento ocurridos, según la denuncia, en territorio comunitario. La presentación reclamó medidas urgentes para resguardar a los comuneros y el traslado de personal judicial al lugar para recibir testimonios y constatar lesiones.
La versión de la minera sobre el ataque en el paraje
En el mismo comunicado, Amalaya S.A. relató que personal y vecinos de Aguas Calientes que colaboraban en tareas de muestreo superficial fueron atacados a pedradas y con hondas lanzadas desde las alturas por personas que calificó como ajenas a la zona y autoproclamadas de una comunidad denominada Peñas Negras. La firma descalificó a esa comunidad por carecer de existencia registral y personería reconocida. El hecho interrumpió el trabajo y dejó herida a una persona de Aguas Calientes. La empresa anunció denuncias penales contra los responsables.
El impacto territorial y los llamados al diálogo
En declaraciones a Mañana Central, de Ancasti Streaming, la abogada Morales Leanza describió la situación como "catastrófica" y afirmó que el territorio permanece cercado, sin posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca. Detalló que el conflicto afecta a unas 36 familias de Peñas Negras y, junto a la vecina comunidad salteña de Jasimaná, a alrededor de 1.000 personas. Cuestionó la validez legal de los pedimentos mineros otorgados este año por carecer de informe de impacto ambiental y de consulta previa. El cacique Bernardo Gutiérrez, de La Angostura, relató que una reunión prevista para el domingo se canceló por el rechazo del sector que impulsa el reclamo, y pidió caminos, energía eléctrica y un colegio secundario. El diputado Juan Carlos Ledesma llamó a "conversar, dialogar y tratar de aunar criterios" y sostuvo que no se registraron episodios de violencia ni disparos.
