Los ejes del proyecto
La propuesta legislativa busca que la actividad minera tenga un impacto directo en la economía provincial. Según el borrador, las compañías deberán priorizar la contratación de trabajadores residentes en San Juan para los puestos operativos y de servicios. Además, se fija un piso del 60% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
El gobierno provincial argumenta que la medida apunta a equilibrar la balanza entre la inversión extranjera y el desarrollo de la cadena de valor local. Fuentes oficiales indicaron que el proyecto ya ingresó a la Legislatura y comenzará a discutirse en comisiones en las próximas semanas. [dato pendiente: número de expediente y fecha exacta de ingreso].
Reacciones del sector minero
Las empresas mineras que operan en San Juan, entre ellas las responsables de los proyectos de oro y cobre, manifestaron su preocupación por el impacto de los cupos en los costos operativos. Voceros del sector señalaron que si bien comparten el objetivo de generar empleo local, la rigidez de los porcentajes podría dificultar la contratación de especialistas que no residen en la provincia. [dato pendiente: nombre de las empresas o cámaras que se pronunciaron].
Por su parte, desde la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan respaldaron la iniciativa y destacaron que permitirá fortalecer a las pymes locales. Sin embargo, pidieron plazos razonables para adaptarse a los nuevos requisitos y mecanismos de certificación que eviten discrecionalidad.
Contexto y próximos pasos
San Juan es una de las provincias con mayor desarrollo minero del país, con proyectos de clase mundial que atraen inversiones millonarias. La discusión sobre el empleo local y las compras a proveedores provinciales es un tema recurrente en las negociaciones entre las mineras y el Estado provincial. En los últimos años, otras provincias como Catamarca y Santa Cruz implementaron normas similares, aunque con porcentajes variables.
El proyecto de Orrego deberá ser tratado en la Legislatura provincial, donde el oficialismo busca los votos necesarios para su aprobación. Si se convierte en ley, San Juan se sumará a las jurisdicciones que exigen contraprestaciones sociales y económicas a la minería. [dato pendiente: composición de la Legislatura y expectativa de sanción].
