Actuación de oficio por incidente en proyecto de litio
El Ministerio de Minería de Catamarca mantiene abierta una actuación de oficio para esclarecer un episodio operativo en uno de los emprendimientos de litio gestionados por la multinacional británica-australiana Rio Tinto. El caso reactivó las alarmas de las asambleas ambientales locales sobre la gestión de residuos e insumos químicos en los salares, en un contexto de avance de grandes proyectos extractivos bajo el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI).
Las comunidades de los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María exigen mayores controles y transparencia en las operaciones. El incidente, aún bajo investigación, se suma a un historial de reclamos por el impacto ambiental de la actividad minera en la región, donde la explotación de litio se ha convertido en un eje central de la economía local pero también de los conflictos sociales.
Cuestionamientos a la contratación local en Agua Rica
La puja por los proveedores locales en el proyecto Agua Rica, también conocido como MARA (integración de Agua Rica con el yacimiento de cobre Minera Alumbrera), es otro punto de fricción. Aunque firmas de servicios generales intentan acelerar la contratación de personal en Andalgalá para las fases preliminares, referentes legislativos de la oposición, como la diputada Fernanda Ávila y legisladores provinciales, cuestionaron que el éxito de la actividad no puede medirse únicamente por las cifras de exportación.
Los legisladores reclamaron un reparto más claro de la renta minera y advirtieron sobre la necesidad de que la explotación de los recursos naturales se traduzca en beneficios concretos para las comunidades locales. La discusión se da en un momento en que el proyecto avanza bajo el paraguas del RIGI, que busca atraer grandes inversiones pero que también genera expectativas y desconfianza en partes iguales.
El dilema de las regalías y la planificación provincial
En el ámbito político provincial se profundizó el cruce por la "falta de planificación" sobre dónde se ejecutan los recursos ingresados por la minería. Las comunidades vecinas exigen obras de infraestructura hídrica y vial de fondo para compensar la presión que los proyectos ejercen sobre los recursos naturales locales. El destino de las regalías se convirtió en un eje de debate, con críticas hacia la gestión provincial por no definir prioridades claras de inversión.
Mientras tanto, la industria minera sostiene que el régimen de incentivos garantiza desarrollo y empleo, pero la oposición y las asambleas ambientales insisten en que falta transparencia y participación ciudadana en las decisiones. El escenario en Catamarca refleja un dilema que se repite en otras provincias del NOA: cómo equilibrar el avance de la minería con la sostenibilidad social y ambiental.
Reclamos por transparencia y control ambiental
Las asambleas ambientales de la región pidieron que se refuercen los controles sobre la gestión de residuos e insumos químicos en los salares, especialmente después del incidente en el proyecto de litio. Exigen que se publique información detallada sobre los planes de manejo ambiental y que se realicen auditorías independientes periódicas. La tensión se mantiene en un punto crítico, con la mirada puesta en cómo el gobierno provincial y las empresas responderán a estos reclamos en un contexto de expansión minera.
El debate sobre la licencia social se volvió central en la agenda política catamarqueña, y las próximas decisiones de las autoridades serán clave para destrabar o profundizar el conflicto. Mientras tanto, las comunidades continúan esperando respuestas concretas sobre el uso de las regalías y la protección de su entorno.
