Axi (Buenos Aires, 23 de octubre de 2026).- Daniel González renunció a la secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, según publicó el medio Minería & Desarrollo. Su salida plantea interrogantes sobre su futuro profesional y sobre la credibilidad del RIGI.
El rol de González en el RIGI
González no fue un funcionario secundario de Luis Caputo. Como secretario de Coordinación de Energía y Minería participó en la articulación de una política que otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios excepcionales a quienes ejecuten grandes inversiones. Su salida fue presentada como el cierre de una etapa que venía conversando con Caputo desde hacía meses, de acuerdo con lo publicado por Minería & Desarrollo.
El destino y los posibles conflictos de interés
Que un funcionario regrese al sector privado es normal y legítimo. La discusión comienza si su nueva actividad guarda relación directa con decisiones que tomó, expedientes que conoció o empresas con las que interactuó desde el Estado. Si una compañía alcanzada por el RIGI lo contratara como ejecutivo o asesor, correspondería examinar su intervención en los trámites, los posibles conflictos de intereses y las restricciones legales aplicables.
La importancia del RIGI para la minería
Para la minería, el RIGI representó una señal de previsibilidad que la Argentina necesitaba recuperar. Sus incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, sumados a la estabilidad normativa, contribuyeron a mejorar la credibilidad del país ante inversores que comparan proyectos y jurisdicciones antes de comprometer capital por décadas. En la minería del cobre, donde una mina exige inversiones iniciales multimillonarias y largos períodos sin ingresos, esa diferencia puede resultar decisiva.
El desafío de la trazabilidad
El Ministerio de Economía debe resguardar de manera completa, íntegra y verificable cada intervención de González en la tramitación del RIGI: dictámenes, informes, reuniones, comunicaciones, recomendaciones y decisiones en los expedientes de las empresas solicitantes y beneficiarias. Esa documentación es indispensable para evaluar eventuales conflictos de intereses y garantizar que se cumplan los deberes previstos en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, según consideró el medio Minería & Desarrollo.
