Nuevas facultades para el Ejecutivo
La nueva ley le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de vetar acuerdos con empresas extranjeras cuando considere que pueden afectar la seguridad económica o geopolítica de Brasil. También reserva al Estado la posibilidad de aprobar modificaciones en el control societario de compañías que operen en el sector de tierras raras y minerales críticos. Esas decisiones quedarán bajo la órbita de un nuevo Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos.
El organismo centralizará la política federal para un sector que ganó centralidad geopolítica. Aunque las tierras raras están presentes en distintos puntos del planeta, su separación y refinación es un proceso complejo dominado por empresas chinas. Ese dominio explica el interés de Estados Unidos por encontrar proveedores alternativos, y Brasil aparece como una pieza relevante por el tamaño de sus reservas y su posición geográfica.
Transferencia tecnológica y procesamiento local
Durante el debate legislativo, el senador Eduardo Braga, relator del proyecto, remarcó que Brasil no tiene hoy la tecnología necesaria para desarrollar plenamente la cadena de tierras raras. "No tenemos la tecnología. Necesitamos asociarnos y garantizar la transferencia de tecnología para la nación brasileña", sostuvo. Por eso, la ley contempla incentivos fiscales para empresas mineras en función del valor agregado que generen dentro del país.
Ese beneficio podría aplicarse a compañías que avancen en la elaboración de imanes o baterías, dos sectores claves para la demanda futura. El diputado Arnaldo Jardim, relator de la propuesta, defendió la necesidad de construir una política industrial alrededor de estos minerales: "Brasil no puede ser un mero exportador de commodities minerales". El objetivo es atraer inversión, incorporar tecnología y generar empleo industrial.
EEUU mira a Brasil como fuente alternativa
Empresas estadounidenses y el gobierno de Donald Trump expresaron interés en Brasil como fuente de tierras raras para reducir la dependencia de China. Sin embargo, la relación bilateral atraviesa tensiones por aranceles a exportaciones brasileñas. Aun así, el capital estadounidense ya avanzó sobre activos relevantes: a fines de abril, la minera brasileña Serra Verde fue vendida a USA Rare Earth por unos u$s2.800 millones.
La operación fue cuestionada durante el trámite de la nueva ley y reforzó el debate sobre el control de activos estratégicos. Serra Verde es uno de los nombres centrales del sector porque representa una plataforma productiva concreta, en un mercado donde la mayoría de los proyectos está en etapa exploratoria. La ley busca que futuras adquisiciones pasen por el filtro estatal.
Una ley con apoyo transversal
La aprobación se produjo en la previa de una elección polarizada entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Pese a ese escenario, la norma obtuvo respaldo de mayorías del oficialismo y de la oposición. Ese apoyo transversal muestra que las tierras raras ya son vistas en Brasil como un asunto de Estado, más allá de las divisiones políticas.
Los inversores mineros, sin embargo, se oponían a algunas atribuciones estatales, según Pablo Cesário, director del Instituto Brasileño de Minería. La tensión está en hasta dónde debe llegar el control público sobre acuerdos privados y cambios accionarios. Con la sanción pendiente de Lula, Brasil se encamina a definir un marco más fuerte para uno de los sectores estratégicos de la próxima década.
