Alcance y beneficios del nuevo régimen
El proyecto modifica la ley 27.799 y permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ingresos ni patrimonio. Hasta ahora, solo podían adherirse quienes tuvieran un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La nueva iniciativa extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
Se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada. Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado.
Los contribuyentes que adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, usando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el dictamen se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las PyMEs.
El debate en el recinto
La miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), defendió la norma y sostuvo que produce "una cuestión muy sencilla pero revolucionaria": confiar más en el contribuyente que paga sus impuestos. "Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares", explicó.
En contra, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa de "obscenidad fiscal" y acusó al Ejecutivo de negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen. Silvana Giudici (La Libertad Avanza) destacó que la reforma busca "preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir".
Juan Grabois (Unión por la Patria) rechazó la ley porque "convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables". Además, denunció que el Gobierno impulsa beneficios para los sectores más ricos mientras profundiza el ajuste sobre trabajadores y jubilados. "¡Qué cara rotas! Es la característica de este gobierno, invierte la esencia de todas las cosas", arremetió.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) criticó que "detrás de la supuesta intención de simplificar la vida se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir evasores seriales". En tanto, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) desestimó las críticas y afirmó que la ley "va a impulsar el crédito en la Argentina".
