El alcance del acuerdo vial
La iniciativa, aprobada por una amplia mayoría de 38 votos afirmativos contra 3 negativos, formaliza la transferencia de la gestión integral, ejecución de obras, mantenimiento y control de cargas sobre un total de 518 kilómetros de ambos corredores. A pesar de que las rutas seguirán siendo de dominio y jurisdicción federal, la administración provincial asumirá la responsabilidad operativa para revertir el deterioro del asfalto.
El proyecto también contempla la declaración de la emergencia vial en el territorio provincial por el plazo de un año en la traza de las rutas 22 y 151. Esta herramienta jurídica facultará a la Dirección de Vialidad Rionegrina a realizar contrataciones directas de urgencia para agilizar las obras necesarias y el mantenimiento inmediato ante la parálisis previa de la obra pública nacional.
Obras urgentes y financiamiento
Para financiar la primera etapa de los trabajos de rehabilitación en el Alto Valle y Valle Medio, el gobierno de Alberto Weretilneck fue autorizado a tomar un crédito de hasta 60 millones de dólares. Este financiamiento multilateral se tramitará a través del Banco de Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), aprovechando la previsibilidad financiera declarada por la provincia desde el año 2023.
Las obras urgentes abarcan un trayecto de 305 kilómetros distribuidos en cuatro sectores críticos que presentan mayor riesgo de transitabilidad. Las prioridades de intervención inmediata incluyen la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel, el sector del puente 83 en la ruta 22 en Cipolletti, y la construcción de un puente ferroviario.
Debate político y objeciones de la oposición
El legislador Carlos Valeri de Juntos Somos Río Negro (JSRN) defendió la medida argumentando que la actividad vinculada al yacimiento Vaca Muerta incrementó significativamente el flujo vehicular pesado. Por su parte, la oposición liderada por Leandro García del bloque PJ-Nuevo Encuentro votó en contra denunciando que se asumen costos sin la correspondiente coparticipación del impuesto a los combustibles que recauda el Estado nacional.
