Axi (Buenos Aires, 20 de agosto de 2026).- El ingeniero Sergio Reymundo, exdirector de la DPE, analizó en diálogo con Axi la crisis eléctrica en Ushuaia y cuestionó la gestión de Terra Ignis. Además, advirtió que la nueva central no alcanzará para cubrir la demanda en el largo plazo.
El exceso de atribuciones en Terra Ignis
Reymundo señaló que la Ley 1423, sancionada en junio de 2022, limitaba la participación de Terra Ignis a energías renovables. Sin embargo, el Decreto Provincial 2037/23, firmado por el gobernador Gustavo Melella, amplió sus funciones para incluir fuentes no renovables, un cambio que no fue debatido por la Legislatura. Este bypass legislativo generó una superposición de roles con la DPE.
El especialista subrayó que el estatuto de la empresa fue modificado sin el debido control parlamentario, lo que generó dudas sobre la legalidad del accionar de la firma estatal. Esta situación, sumada a la falta de fiscalización denunciada por la ex síndica Constanza Carro, expone una gestión opaca en el sector energético provincial.
Los números de la “Usina China”
La nueva Central Termoeléctrica Ushuaia, conocida como “Usina China”, contará con dos turbinas LM 6000 de 40 MW cada una y una turbina de vapor de 20 MW. Según Reymundo, aplicando el criterio N-1, la potencia firme real será de 60 MW, pero considerando un rendimiento operativo del 80-90%, la disponibilidad efectiva se ubicará entre 48 y 54 MW.
Con una proyección de crecimiento de la demanda del 4% anual, la central alcanzará su límite entre 2027 y 2028, muy por debajo de los 35 años prometidos por las autoridades. Si el crecimiento fuera del 7%, el colapso se trasladaría a 2032 o 2033, lo que contradice el discurso oficial sobre la autonomía eléctrica de la capital fueguina.
La solución: maintenance y operación conjunta
Para evitar un déficit energético crónico, Reymundo propone realizar un overhaul de las turbinas existentes (Rolls-Royce, EGT y Solar) y operar de manera simultánea la central actual reacondicionada con la nueva infraestructura. Solo así se podría extender la cobertura hasta 2043, dando un margen de 16 a 17 años.
Finalmente, el ingeniero instó al Ejecutivo a consultar a los técnicos de la DPE y a revisar los informes del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan. La improvisación en el sector, advirtió, tendrá un alto costo económico y social para la provincia.
