Alcance del cargo y beneficiarios
El cargo se aplicará a todos los usuarios de las 25 localidades abastecidas por el sistema Cordillerano-Patagónico, que totalizan 126.711 conexiones. De ese universo, 111.667 son residenciales (R), 14.802 de servicio general P (SGP), 202 entidades de bien público, 25 clubes de barrio y 15 usuarios de servicio unbundling. Las obras comprenden dos plantas compresoras en Río Senguer y Gobernador Costa, provincia de Chubut.
El mecanismo de financiamiento fue aprobado originalmente por el ENARGAS en 2025, mediante la Resolución 442, y ahora se determina el cargo específico para el repago. Según el regulador, el cargo permitiría precancelar los créditos hacia agosto de 2030, aunque no es definitivo: será monitoreado y ajustado periódicamente según evolucionen las variables.
Detalles del esquema financiero
Camuzzi actúa como agente de cobro del cargo, que se cederá a un fideicomiso constituido como garantía de los préstamos. El cargo se calculó como un porcentaje sobre el cargo fijo de cada tipo de usuario, para mantener proporcionalidad en el esfuerzo económico. Las obras, una vez finalizadas, serán activos esenciales de la licencia de distribución, pero se incorporarán a los estados contables de Camuzzi a valor cero, sin generar rentabilidad.
La construcción incluyó la instalación y puesta en marcha de los motocompresores MAV-142 y MAV-143 en Río Senguer, y la incorporación de la unidad de respaldo MAV-144 en Gobernador Costa. La autoridad regulatoria constató el estado de avance y verificó la operación de los equipos, que permitirán liberar factibilidades en la región.
Plazos y procedimiento para participar
Los interesados tendrán 15 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial para presentar observaciones, sugerencias o comentarios a través de la Mesa de Entradas Virtual del ENREGE (www.enargas.gob.ar). Las opiniones no serán vinculantes, pero deberán ser consideradas por la autoridad. El expediente EX-2026-85403587-APN-UDYE#ENREGE ya está a disposición para consulta.
La resolución fue firmada por Griselda Lambertini, Héctor Sergio Falzone, Marcelo Alejandro Nachon y Vicente Serra. El procedimiento se enmarca en la ley de Bases, que exige consulta pública para temas tarifarios, y en el decreto 1172/03, que garantiza el acceso igualitario a la información y la participación ciudadana.
