Axi (Buenos Aires, 15 de septiembre de 2026).- La Provincia de La Pampa interpuso una medida cautelar contra el Estado Nacional para suspender los artículos 3 y 4 del Decreto 982/2026, que otorgó a Mendoza el 100 % de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. La acción fue decidida por el gobernador Sergio Ziliotto.
El planteo contra el decreto oficializado el 11 de septiembre
La presentación judicial apunta a dejar sin efecto el cambio dispuesto por el Decreto 982/2026, oficializado el 11 de septiembre, que modificó el régimen vigente desde 1973 para las regalías compartidas del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, sobre el río Atuel. Según informó el gobierno pampeano, la cautelar busca que se mantenga provisoriamente la distribución existente hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
El convenio de 1992 homologado por la Corte Suprema
La administración de Ziliotto sostuvo que el derecho a percibir regalías no surge solo del Decreto 1560/73, sino también del convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese acuerdo, las partes asumieron obligaciones de pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73.
La causa que ya tramita en la Corte Suprema
El gobierno pampeano remarcó que la validez del régimen del Decreto 1560/73 ya está sometida a decisión de la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional. En ese proceso, el propio Estado Nacional pidió que La Pampa fuera citada por estar directamente alcanzada por la controversia, petición admitida por el máximo tribunal el 27 de agosto. Catorce días después se dictó el Decreto 982/2026.
Los argumentos de La Pampa y el pedido de Ziliotto
La Provincia alegó que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional implica un avasallamiento a las autonomías provinciales y afecta principios como la buena fe, el federalismo de concertación y la seguridad jurídica. También advirtió sobre un perjuicio a las arcas provinciales por la afectación de un derecho patrimonial adquirido. A través de X, Ziliotto afirmó: "Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial 982/2026 que vulneran nuestros derechos".
