Las cifras del reparto hipotético por provincia
El ejercicio simula la distribución del 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, equivalente a $1.334.735 millones sobre una recaudación acumulada de $3.839.125 millones entre enero y julio, tras descontar el 1,9% para ARCA. Si se aplicara el régimen de coparticipación federal, los ingresos retenidos por distrito se desglosarían así: Buenos Aires, $166.359 millones; Santa Fe, $67.704 millones; Córdoba, $67.266 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; Santiago del Estero, $31.298 millones; y Salta, $29.037 millones.
En el segmento de Cuyo, Centro y NOA/NEA, se destacan Corrientes ($28.161 millones), Formosa ($27.578 millones), San Juan ($25.608 millones), Misiones ($25.024 millones), Jujuy ($21.522 millones), Catamarca ($20.866 millones), CABA ($18.686 millones), San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). En la Patagonia, los montos son: Río Negro, $19.115 millones; La Pampa, $14.227 millones; Neuquén, $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, $11.981 millones cada uno; y Tierra del Fuego, $9.343 millones.
El origen de los fondos y el uso fiscal
El 35,44% utilizado para la estimación responde a la suma de tres asignaciones específicas del tributo: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (SisVial), y 2,55% para la compensación al transporte público. El resto del impuesto a los combustibles se reparte formalmente entre el Tesoro Nacional, el Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
Según se destaca, solo en el caso del SisVial —el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte—, al cierre de mayo más de $1 billón de recursos se encontraban colocados en inversiones financieras. Fuentes del equipo económico admitieron que estos activos se computan estratégicamente como respaldo para asegurar las metas de déficit cero del Tesoro.
El informe de la consultora Galois, dirigida por Rodolfo Correa Becker, concluye que la administración central decidió mantener los fondos retenidos en inversiones financieras en lugar de transferirlos a las jurisdicciones, lo que impacta en las finanzas provinciales. Este mecanismo se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para sostener el superávit fiscal de la Administración Pública Nacional.
