Axi (Buenos Aires, 18 de noviembre de 2026).- El Gobierno nacional oficializó el Decreto 1366/2026, que modifica la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y permite que empresas de capitales extranjeros radicadas en Argentina sean consideradas proveedoras locales.
Nuevas condiciones para la cadena de proveedores
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1366/2026, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma modifica el Decreto 749/2024, reglamentario de la Ley Bases, y establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina serán consideradas proveedoras locales del RIGI, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital social.
Hasta la emisión del nuevo decreto, las sociedades debían contar con al menos el 51% del capital o de los votos en manos de titulares locales. Según publicó Ámbito, el Poder Ejecutivo argumentó que la experiencia acumulada demostró la necesidad de realizar adecuaciones para sumar empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro. De esta forma, el origen del capital deja de ser un obstáculo para la participación corporativa en los grandes proyectos.
Requisitos para bienes e impacto en energía
De acuerdo con Vaca Muerta News, la reforma beneficia a filiales de firmas internacionales que prestan servicios especializados en áreas como Vaca Muerta, minería de litio y cobre, y energías renovables. Sin embargo, para la provisión de productos y equipamiento se mantendrá la exigencia de origen nacional, conforme a los criterios del Acuerdo de Complementación Económica N.° 18 del Mercosur. Las empresas proveedoras de bienes deberán acreditar el cumplimiento de dicho régimen regional.
Reorganizaciones societarias y regulación cambiaria
En el plano corporativo, la norma fija una fecha límite única para acreditar las inversiones mínimas en Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Asimismo, autoriza la transferencia de participaciones en Vehículos de Proyecto Único (VPU) sin pérdida de beneficios, aunque prohíbe computar la compra de acciones como nueva inversión. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) deberán informar sus cambios de integrantes en 15 días a la autoridad, que tendrá 30 días para expedirse.
Por último, el decreto dispuso ajustes sobre las operaciones en el mercado de cambios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá condicionar el acceso a divisas a las firmas beneficiarias, pero autorizó a computar en el cálculo de dólares ingresados los aportes de deuda externa realizados por accionistas directos, integrantes de contratos asociativos y casas matrices. Esta medida busca garantizar que los fondos financieros estén efectivamente destinados y contabilizados en el desarrollo de los proyectos.




