Axi (Buenos Aires, 6 de septiembre de 2026).- El Poder Ejecutivo reguló el procedimiento administrativo para agilizar las sanciones contra empresas que realicen tareas hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas. La medida busca dotar de mayor celeridad y coordinación a los expedientes en la Plataforma Continental Argentina.
El nuevo marco para los sumarios administrativos
A través del Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció reglas procesales específicas para agilizar las investigaciones contra personas humanas o jurídicas que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización. La norma busca acortar los tiempos de sustanciación de las denuncias y fija un límite de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores realicen sus correspondientes descargos ante la autoridad de aplicación técnica.
El texto oficial argumentó que, ante la persistencia de actividades ilícitas en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, resulta prioritario dotar de mayor eficacia al Estado. Las medidas de control se apoyan directamente en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía legítima e imprescriptible sobre dichos territorios y las áreas marítimas e insulares correspondientes.
Las prohibiciones de la normativa vigente
El decreto recordó las disposiciones de la Ley 26.659, la cual prohíbe taxativamente realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional. Esta restricción alcanza a firmas locales y extranjeras, así como a sus accionistas, impidiendo cualquier participación directa o indirecta en firmas que presten servicios de apoyo logístico, financiero, tecnológico o de asesoría a proyectos de exploración petrolera unilaterales en la zona en disputa de soberanía.
Quienes vulneren estas prohibiciones se exponen a severas sanciones administrativas que contemplan inhabilitaciones de cinco a veinte años para operar en territorio argentino. Asimismo, si las entidades infractoras poseen concesiones petroleras activas en el país, el marco legal vigente determina que estas áreas se revertirán de manera inmediata al Estado Nacional o a los estados provinciales, según la jurisdicción que corresponda para cada yacimiento.
Historial de empresas sancionadas y conflicto internacional
Desde la puesta en marcha de la legislación regulatoria, la autoridad de aplicación correspondiente declaró la ilegalidad de las operaciones de diez empresas en la plataforma argentina. Estas firmas fueron catalogadas oficialmente como clandestinas por operar al margen de las leyes nacionales. Los considerandos de la medida de hoy señalan que el objetivo del procedimiento es acelerar las determinaciones de responsabilidad para evitar que se sigan comprometiendo los recursos naturales no renovables estratégicos del país.
El Gobierno enfatizó que las actividades unilaterales de exploración y explotación de crudo en los archipiélagos australes contradicen los mandatos internacionales vigentes. Específicamente, el decreto mencionó la incompatibilidad de estas acciones con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta al Reino Unido y a la República Argentina a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el diferendo diplomático continúe sin una resolución de fondo negociada.
