El factor político y los beneficiarios
Fuentes del propio gobierno reconocen un trasfondo político en el que un sector interno maneja estos temas de manera exclusiva, esquivando a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Quienes impulsan la maniobra justifican su marginación con el argumento de que ella no entiende de cuestiones técnicas como las licitaciones.
En ese marco, el escrito señala que se constituyó un circuito de beneficiarios conformado por firmas que se solicita sean citadas ante el juzgado federal de General Roca, a cargo del magistrado Hugo Greca. Entre ellas figuran Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea.
La cadena de ilegalidades
El documento de la denuncia, al que accedió Ámbito, describe una cadena de ilegalidades que apunta contra el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. El primer eslabón fue la elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación, seguido por una subvaluación de activos facilitada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la confesión de una finalidad recaudatoria.
La maniobra se consolida con la identificación de un patrón de beneficiarios que se repite y culmina con la consumación de la ilegalidad mediante un concurso sin base impulsado por el apuro fiscal. La Fundación Soberanía exige la citación de los empresarios y la anulación total de las privatizaciones.
El desplazamiento del Tribunal de Tasaciones
El eje inicial de los cuestionamientos se centra en el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), bajo la conducción de Julio Villamonte. Según la denuncia, no se respetaron los tiempos para que este organismo desarrollara su labor, evidenciando que el objetivo era preconstituir una causal de imposibilidad temporal.
La secuencia de notas entre la Secretaría de Energía y el TTN demuestra una falta de buena fe administrativa orientada a apartar a ese organismo del proceso. Así, el Poder Ejecutivo evitó una tasación objetiva y allanó el camino para la subvaluación.
La polémica intervención del BICE
Ante el desplazamiento del ente correspondiente, entró en escena el BICE, conducido por Maximiliano Voss, cuya unidad de valuación fue creada hace apenas un año. Por decisión de Caputo, se pretendió trasladar las competencias de tasación hacia esa entidad, que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía.
Esto significa que el mismo órgano que impulsa el plan de privatizaciones designa a las autoridades tasadoras, eliminando cualquier imparcialidad técnica. Al carecer el BICE de competencia legal, el Ministerio concentra tasación, pliego, licitación y adjudicación a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Subvaluación y métodos en disputa
El elemento que cierra el sistema es la metodología de subvaluación basada en el flujo de fondos. Aunque Villamonte sostiene que ese sistema es idóneo, el ingeniero Daniel E. Martín, miembro del TTN, señaló en publicaciones que no constituye una verdadera tasación sino un ejercicio de ganancias hipotéticas.
Esta contradicción expone que el Tribunal ha defendido históricamente el valor patrimonial. La Norma 20.1 del TTN recomienda el método patrimonial, basado en la Ley 21.499 y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que excluye ganancias hipotéticas. La denuncia afirma que la subvaluación quedó así planificada.
Un patrón de conducta en las adjudicaciones
El documento concluye que las empresas beneficiadas se repiten, conformando un patrón claro. Las represas de Alicurá y Cerros Colorados fueron entregadas a Edison Inversiones, del Grupo Neuss, cuyos líderes tienen vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.
El complejo El Chocón-Arroyito quedó en manos de BML Inversora, de Uribelarrea, mientras que Piedra del Águila fue adjudicada a Central Puerto. Esta última ya se había beneficiado de la subvaluación de centrales térmicas, por lo que la Fundación Soberanía exigió la anulación total de las privatizaciones.
