Axi (Buenos Aires, 29 de agosto de 2026).- La Fundación Soberanía amplió una denuncia ante la Justicia para investigar presuntas anomalías en la venta de los complejos hidroeléctricos de la región del Comahue. El escrito apunta a supuestas maniobras de subvaluación de activos estatales para beneficiar a un grupo de firmas adjudicatarias.
Sospechas sobre las adjudicaciones de Alicurá y Cerros Colorados
La presentación realizada ante el Juzgado Federal de General Roca solicita que se investigue de manera urgente a la firma Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. La denuncia señala que detrás de esta operación existiría un mecanismo diseñado para subvaluar activos del Estado y favorecer a un grupo reducido de empresarios. El escrito vincula directamente a los hermanos Patricio Neuss y Juan Neuss, y sostiene que existirían conexiones de estos con sectores allegados al asesor presidencial Santiago Caputo.
El rol de otros consorcios y adjudicatarios
Además de la firma mencionada, la Fundación Soberanía colocó la lupa sobre las demás corporaciones que resultaron ganadoras en el proceso de adjudicación del Comahue. Entre estas empresas se destaca BML Inversora S.A.U., una sociedad vinculada a MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, que obtuvo el control de la central El Chocón-Arroyito. Para los denunciantes, la presencia recurrente de determinados grupos económicos en estas privatizaciones podría sugerir un esquema de direccionamiento previo que debe ser aclarado.
La tercera compañía bajo cuestionamiento judicial es Central Puerto S.A., la cual resultó adjudicataria del complejo hidroeléctrico Piedra del Águila. La entidad denunciante busca determinar si estas coincidencias responden a procedimientos competitivos y legítimos de mercado o si existieron irregularidades estructurales que viciaron el proceso. La reiteración de los mismos actores económicos en transacciones de gran escala sobre recursos estratégicos es uno de los principales argumentos utilizados por la organización civil para requerir la intervención judicial.
Críticas al método de valuación de los activos públicos
El núcleo técnico de la acusación reside en el método utilizado para establecer el valor económico de las centrales hidroeléctricas. Según el escrito, el Gobierno nacional omitió la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), delegando la tarea en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La organización advierte que esta modificación comprometió la imparcialidad de la valuación, dado que la entidad bancaria depende directamente del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, que promueve activamente estas desinversiones estatales.
Urgencia fiscal y próximos pasos de la investigación
La denuncia asocia estas supuestas fallas de procedimiento con el apuro oficial por asegurar el ingreso de recursos estimados en unos US$ 2.300 millones. Esta necesidad recaudatoria habría acelerado los plazos administrativos, afectando los estándares de tasación y adjudicación. Frente a esto, el magistrado Hugo Greca, titular del Juzgado Federal de General Roca, evaluará los elementos probatorios para determinar si hace lugar a las medidas solicitadas, que incluyen citaciones a declarar y la eventual nulidad de los contratos.
