Denuncias de la ex síndica
En una entrevista exclusiva con Axi, Carro detalló que planteó los impedimentos ante el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado, pero no obtuvo respuestas concretas. "Hacen oídos sordos a mis reclamos", sostuvo, y remarcó que su cese coincidió con la aprobación del traspaso de activos de YPF a la provincia, que contó con el voto de la mayoría de los legisladores.
La ex funcionaria también señaló que desde 2023 no se realiza ninguna fiscalización de la empresa, y que su mandato finalizó sin que se avanzara en las investigaciones que había solicitado. "Nunca tuve intimidaciones, pero me ignoraron", agregó.
La respuesta de la empresa
La empresa, a través de su presidente Maximiliano D'Alessio, justificó la reserva de información en la Comunicación Oficial N° 014 (Período Legislativo 2025), amparándose en la Ley General de Sociedades N° 19.550 y la Ley Provincial N° 1423. D'Alessio argumentó que el carácter de sujeto privado de la firma impide revelar datos ante la Legislatura.
Además, la empresa afirmó que no se le aplican la Ley 495, la Ley 1015 de Contrataciones, ni la Ley 141 de Procedimientos Administrativos, lo que exime de controles públicos. Esta postura generó críticas de sectores que consideran que se utiliza el régimen privado como un "escudo" para evitar la transparencia.
La Usina China y el esquema comercial
El proyecto de la central termoeléctrica para Ushuaia, conocida como Usina China, también genera incertidumbre. Fuentes del sector señalaron que no está claro bajo qué figura se venderá la energía generada, si operará Terra Ignis, la Dirección Provincial de Energía (DPE) o un intermediario privado. Esta falta de definiciones alimenta las sospechas sobre acuerdos sin control público.
La estructura interna de la empresa, según el documento oficial, incluye 5 directores, 3 síndicos y 2 empleadas administrativas, con asesores externos. Además, se confirmó la contratación directa con Sullair Argentina S.A. para el alquiler de grupos electrógenos, cuyos antecedentes están en el Tribunal de Cuentas, pero no se entregaron a la Legislatura.
Perspectivas de control
Con el aval legislativo al traspaso de YPF y los proyectos en marcha, la administración de Melella enfrenta un frente crítico por la falta de transparencia en el manejo de la empresa energética. Las denuncias de Carro y la documentación oficial exponen un esquema que, según críticos, está diseñado para operar al margen de los organismos de control.
Hasta el momento, ni la Legislatura ni los organismos provinciales emitieron pronunciamientos sobre las denuncias. El Tribunal de Cuentas dijo tener un gran caudal de trabajo, mientras que el Fiscal de Estado sugirió intervención de la IGJ, pero sin respuestas concretas.
