Qué compone el precio de la nafta súper
El precio final que paga el consumidor se integra por cuatro grandes bloques: costos de producción y refinación, margen comercial de estaciones, Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) e Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El ICL representa la segunda carga impositiva más relevante después de los costos de producción.
En la actualidad, el ICL explica 355,10 pesos de cada litro de nafta súper, un monto que supera el valor de otros componentes. La estructura se mantiene estable en términos de proporciones, aunque el peso del tributo creció de manera sostenida en los últimos años.
Evolución del tributo desde 2023
En noviembre de 2023, el ICL equivalía a cerca del 8,9% del precio total en surtidor, lo que representaba unos 116 pesos a valores actuales. Para julio de 2026, el tributo escaló al 19,25% de la tarifa final, con un aporte de 355,10 pesos por litro.
La actualización acumulada del impuesto alcanzó el 1.265%, un ritmo muy superior a la inflación general y al promedio de los salarios formales. Este desfasaje explica, en parte, el aumento real de la carga tributaria sobre el combustible en los últimos tres años.
Distribución legal de la recaudación
El ICL es un tributo de asignación específica creado por la Ley 23.966. La normativa establece que el 28,69% de lo recaudado va al Sistema Único de Seguridad Social, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y el 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda.
Además, el 10,40% se destina al Tesoro Nacional y otro 10,40% a las provincias por distribución directa. El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica recibe el 4,31%, y la Compensación al Transporte Público, el 2,55%. Estos porcentajes se fijaron por coeficientes y no se modificaron desde la sanción de la ley.
El fideicomiso vial y el reclamo por las rutas
Del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, que concentra el 28,58% de la recaudación, aproximadamente la mitad se destina al Sistema Vial Integrado (SisVial). Este mecanismo financia obras y tareas operativas de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el resto cubre el transporte automotor y ferroviario.
El conflicto central es la falta de ejecución efectiva de esos recursos en calzada. Mientras los ingresos por el tributo aumentaron en términos reales, la parálisis de tareas de mantenimiento derivó en un pronunciado deterioro de la red vial nacional. Gobiernos provinciales y sectores productivos señalan, con foco en corredores bioceánicos y agrícolas como las rutas 7 y 151 en Mendoza, que esos fondos podrían estar retenidos o desviados hacia el superávit del Tesoro.
