Axi (Buenos Aires, 7 de agosto de 2026).- La modernización de 35 aeropuertos, con inversiones superiores a los USD 600 millones, está paralizada por la falta de acuerdo entre el Gobierno y Aeropuertos Argentina.
La renegociación del contrato
El conflicto central gira en torno a la revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos (PFIE), mecanismo que garantiza el reequilibrio económico de la concesión tras el impacto de la pandemia. En 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, se prorrogó la concesión hasta 2038, pero la empresa buscaba extenderla hasta 2056, con opción a 2066, para financiar inversiones de largo plazo.
En 2025 se firmó un preacuerdo con el entonces titular del ORSNA, Facundo Leal, pero quedó descartado tras las causas judiciales que provocaron su salida. La actual jefa del ORSNA, Noelia Ruiz, anuló ese borrador y retrotrajo las negociaciones. El expediente está ahora en manos de la Secretaría de Transporte, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Obras críticas y demanda récord
La falta de certezas normativas mantiene congelados proyectos urgentes en Ezeiza, Aeroparque y Mendoza. Estas obras son críticas para sostener el flujo operativo ante una demanda récord: el sistema aerocomercial argentino superó los 50 millones de pasajeros en el último año. Los fondos del fideicomiso, que prevén USD 50 millones anuales hasta 2028, están al límite.
La ampliación de la zona de arribos de Ezeiza, el sector internacional de Aeroparque y la terminal de Mendoza son algunos de los proyectos que esperan luz verde. Sin acuerdo, las obras no pueden licitarse ni ejecutarse, lo que genera un cuello de botella en la infraestructura aeroportuaria.
La solidez financiera de la concesionaria
Pese a la incertidumbre, Aeropuertos Argentina llega con buenos números. Según los estados contables del primer semestre ante la CNV, obtuvo una ganancia neta de $168.859 millones, un 72% más que en igual período de 2025, y redujo su deuda a $736.984 millones. Esta fortaleza refuerza su posición negociadora frente al Gobierno de Javier Milei.
La resolución del expediente definirá no solo las obras inmediatas, sino también las reglas de juego para futuras concesiones de infraestructura. El caso se convertirá en un testigo de la seguridad jurídica que ofrece la administración actual.
