Axi (Buenos Aires, 29 de julio de 2026).- La explotación petrolera británica en las islas Malvinas dejó de ser una amenaza lejana. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y dentro de la plataforma continental que la Argentina reconoce como propia.
El proyecto Sea Lion y la inhabilitación vigente
El proyecto demandará aproximadamente 2.100 millones de dólares hasta su finalización, apunta a extraer inicialmente 170 millones de barriles y prevé comenzar la producción en 2028.
Navitas controla el 65 por ciento del emprendimiento y Rockhopper, el 35 restante. Las autoridades británicas instaladas en las islas ya aprobaron el plan de desarrollo y concedieron una etapa de explotación por 35 años.
Frente a ese avance, el gobierno de Javier Milei mantiene un silencio que contrasta con la gravedad del movimiento.
No se conocen nuevas sanciones, investigaciones públicas sobre los financiadores de Sea Lion ni medidas dirigidas a determinar si los accionistas de Navitas desarrollan negocios dentro de la jurisdicción argentina.
La legislación argentina prohíbe operar y contratar con quienes participan directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental.
En 2022 Navitas fue inhabilitada por veinte años, pero al día de hoy sus principales inversores mantienen intereses financieros que alcanzan a compañías con fuerte presencia en Argentina, entre ellas Mercado Libre.
La ley 26.659 y la obligación de investigar
La ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina solo pueden efectuarse con autorización nacional.
Su artículo 2 prohíbe a las personas físicas o jurídicas que operan en Argentina —y a sus accionistas— tener participación directa o indirecta en empresas que desarrollen actividades sin habilitación argentina.
La prohibición también comprende operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, comerciales, de consultoría o asesoramiento destinadas a esos desarrollos.
El artículo 5 agrega que el Estado nacional, las provincias y los municipios no pueden contratar con las empresas involucradas, sus controladas o los accionistas que, directa o indirectamente, desarrollen esas actividades.
La cuestión jurídica no es automática, pero sí obliga al Estado a determinar quiénes ejercen control de Navitas, quiénes financian efectivamente Sea Lion, bajo qué sociedades lo hacen y si esos mismos sujetos mantienen actividades, contratos, beneficios o autorizaciones en Argentina. Nada de eso fue explicado públicamente por el Gobierno.
Los inversores institucionales y el vínculo con Mercado Libre
Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y su capital está repartido entre su fundador y distintos inversores institucionales israelíes.
Entre sus principales accionistas aparecen Harel Provident Funds, con alrededor del 9,5 por ciento; Gideon Tadmor, fundador y presidente, con aproximadamente el 9,1 por ciento; Migdal Makefet Pension & Provident Funds, con cerca del 6,1 por ciento; Noked Capital, con alrededor del 4,5 por ciento; y Phoenix Provident Fund, con una participación similar.
Estos conglomerados financieros y aseguradores de Israel administran fondos previsionales, pólizas, fondos comunes e inversiones internacionales.
Dentro de las carteras internacionales de estos conglomerados aparecen inversiones en empresas con intereses económicos sustanciales en Argentina.
El caso políticamente más sensible es Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin. Según los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, al 31 de marzo de 2026 Migdal declaraba 12 mil acciones de MercadoLibre, valuadas en unos 20,7 millones de dólares, mientras que Harel informaba 4.327 acciones por aproximadamente 7,5 millones. En conjunto, las posiciones alcanzaban cerca de 28,2 millones de dólares.
La omisión del gobierno de Milei y la relación con Galperin
El silencio adquiere una dimensión política particular por la estrecha relación pública entre Javier Milei y Marcos Galperin. En septiembre de 2024, el presidente visitó las oficinas de Mercado Libre en Saavedra acompañado por Karina Milei y otros funcionarios.
Allí calificó a Galperin y a los empresarios de la compañía como “benefactores sociales” y presentó a Mercado Libre como el modelo de país que su administración pretende construir.
Durante el acto, Galperin anunció una inversión de 75 millones de dólares para un centro logístico en La Matanza. Galperin, por su parte, ha respaldado públicamente en reiteradas ocasiones el rumbo económico y político de Milei.
Desde enero de 2026 dejó la dirección ejecutiva cotidiana de Mercado Libre para asumir como presidente ejecutivo del directorio.
La estrecha relación presidencial con Mercado Libre vuelve necesario determinar si existe la misma voluntad de aplicar una ley de defensa soberana cuando la investigación podría alcanzar a capitales vinculados financieramente con una empresa públicamente elogiada por Milei.
El gobierno debería informar si la nómina de personas y empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina fue actualizada, qué accionistas y financiadores fueron identificados, qué organismos controlan el cumplimiento de la inhabilitación de Navitas y si se cruzaron esos datos con registros de proveedores, sociedades, inversiones, beneficios fiscales y contrataciones públicas.
