Axi (Buenos Aires, 2 de noviembre de 2026).- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó mediante la Resolución 64/2026 el Procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental de obras y actividades en puertos y vías navegables bajo su jurisdicción, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Clasificación en tres categorías de incidencia
El régimen, que integra el Anexo I de la resolución, clasifica las actividades en tres categorías: baja, moderada y alta incidencia ambiental. La categorización se apoya en un sistema polinómico de puntuación que pondera el tipo de obra, la magnitud de la intervención, la localización y sensibilidad del entorno, las emisiones, la infraestructura energética y los riesgos operativos. Cada categoría accede a un instrumento distinto.
Mecanismos diferenciados según el riesgo
Para las actividades de baja incidencia se prevé un mecanismo simplificado, con responsabilidad del titular y facultades de control de la autoridad de aplicación. Las de incidencia moderada quedan sujetas a un procedimiento abreviado, con estudios enfocados en los impactos relevantes y un plan de gestión proporcionado. Las de alta incidencia se someten al mecanismo ordinario, con estudios de impacto ambiental de contenidos mínimos más exigentes y participación ciudadana.
Plazo de un año para actualizar los planes vigentes
El artículo 8 de la norma establece que las obras o actividades preexistentes que cuenten con estudios ambientales aprobados o Planes de Monitoreo y Gestión Ambiental autorizados no deberán someterse a un nuevo procedimiento, salvo modificaciones sustanciales en su naturaleza, magnitud o localización. El artículo 9 fija un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia para adecuar esos planes. La falta de presentación impedirá la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental y podrá dar lugar a medidas de fiscalización y sanción.
Propuestas incorporadas tras la consulta pública
Según publicó la ANPYN, el procedimiento incorporó observaciones surgidas del mecanismo de Elaboración Participativa de Normas convocado por la Resolución 57/2026, que registró 50 propuestas. Entre ellas se incluyó un pedido de Gustavo Adolfo Muller para incorporar la generación de energía renovable en el puntaje de clasificación, y otro de Marcela Inés Dabas sobre prórrogas para la elaboración de los estudios de impacto ambiental. También se sumó un artículo sobre tratados internacionales aplicables ante impactos transfronterizos, a partir de una consulta de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
