Axi (Buenos Aires, 20 de octubre de 2026).- Los representantes legales de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. (GTA) declararon una deuda laboral de 62.448 millones de pesos y volvieron a pedir al juez Germán Páez Castañeda que dicte la apertura formal del concurso preventivo, informó Bichos de Campo.
La deuda laboral y el pasivo total declarado
Según la presentación de la empresa, la deuda laboral de 62.448 millones de pesos corresponde a cargas sociales, remuneraciones e indemnizaciones. La compañía informó que cuenta con 1800 trabajadores en relación de dependencia, con perfiles gerenciales, administrativos y operativos, cuyo último salario bruto abonado osciló entre 637.250 pesos y más de 11,0 millones de pesos.
El total del pasivo declarado por GTA asciende a 529.149 millones de pesos. La mayor parte corresponde a acreedores quirografarios y con privilegio especial hipotecario por financiación, por 153.719 millones, y a acreedores con empresas vinculadas y otras empresas no financieras, por 125.728 millones.
Pagos fraccionados e interrupción desde julio
De acuerdo con la fuente, este año la empresa comenzó a abonar salarios de manera fraccionada, en cuotas de hasta 10 pagos mensuales, y luego interrumpió el pago en las distintas unidades a partir de julio, agosto y septiembre pasado, dependiendo de la unidad y la región.
El conflicto de competencia que traba el concurso
El concurso preventivo de GTA quedó radicado el mes pasado ante el Juzgado de Castañeda, quien rechazó la causa y ordenó su remisión al Juzgado Comercial N°1, a cargo de Alberto Alemán, para que se tramite junto al concurso de las otras tres empresas del grupo: Wade S.A, Avex S.A. y Holding Agroindustrial S.A.
Sin embargo, Alemán no aceptó la radicación del expediente de GTA en su juzgado y se declaró incompetente respecto del pedido de agrupamiento. Luego devolvió el expediente al Juzgado N° 21, que ahora deberá determinar cómo proceder. Castañeda todavía no habilitó el concurso y sigue requiriendo información a la empresa en cesación de pagos.
Los datos que reclama el juez
El último pedido del magistrado corresponde a la situación dominial de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, además de registros de marcas y operaciones que involucren hipotecas y prendas, entre otros requerimientos, según publicó Bichos de Campo.
